Traducido por CHATGPT
En economía y en la teoría de la elección pública (public choice), la búsqueda de rentas se refiere a la práctica de intentar aumentar la propia parte de la riqueza existente sin crear nueva riqueza. La búsqueda de rentas reduce la eficiencia económica al provocar una mala asignación de recursos, disminuir la creación real de riqueza, reducir los ingresos fiscales del Estado, aumentar la desigualdad de ingresos e incluso (potencialmente) conducir al declive nacional.
Los intentos de capturar organismos reguladores para obtener un monopolio coercitivo pueden dar ventajas al buscador de rentas en el mercado, mientras imponen desventajas a los competidores que no se corrompen. La idea fue desarrollada por Gordon Tullock, y el término fue acuñado por Anne Krueger.
La noción de búsqueda de rentas fue desarrollada por Gordon Tullock en 1967, y la expresión rent-seeking fue acuñada en 1974 por Anne Krueger. La palabra “renta” aquí no se refiere al pago de un alquiler, sino al concepto de renta económica utilizado por Adam Smith, quien dividía los ingresos en beneficio, salario y renta. Originalmente, el término hacía referencia al control de la tierra u otros recursos naturales.
La teoría económica georgista describe la búsqueda de rentas en términos de la renta de la tierra, cuyo valor proviene en gran medida de la infraestructura y servicios públicos (caminos, escuelas, seguridad, etc.) y de la comunidad en general, más que de las acciones del propietario. Este rol de mero titular debe diferenciarse del del desarrollador inmobiliario, que muchas veces no es la misma persona.
La búsqueda de rentas consiste en obtener una renta económica (la parte del ingreso que excede lo necesario para mantener un recurso en su uso actual) mediante la manipulación del entorno social o político en que se desarrollan las actividades económicas, en lugar de crear nueva riqueza. Implica extraer valor no compensado de otros sin aportar nada a la productividad.
Un ejemplo clásico, según Robert Shiller, es el de un señor feudal que coloca una cadena en un río que atraviesa sus tierras y cobra a los barcos una tarifa por bajarla. Ni la cadena ni el cobrador son productivos: el señor no ha mejorado el río ni aporta nada a nadie, salvo a sí mismo. Simplemente encontró una manera de obtener dinero de algo que antes era gratuito.
En muchas economías de mercado, buena parte de la competencia por rentas es legal, aunque perjudique a la economía. Sin embargo, cierta búsqueda de rentas es ilegal, como el soborno o la corrupción.
La búsqueda de rentas se diferencia de la búsqueda de beneficios, en la que las partes obtienen valor mediante transacciones mutuamente beneficiosas. Mientras el beneficio implica creación de riqueza, la renta implica el uso de instituciones sociales (como el poder del Estado) para redistribuir riqueza sin crearla. En la práctica, sin embargo, los ingresos obtenidos por búsqueda de rentas pueden aparecer como “beneficios” en los balances contables.
Un ejemplo moderno de búsqueda de rentas es invertir dinero en lobby para obtener subsidios públicos o imponer regulaciones a los competidores, con el fin de aumentar la cuota de mercado.
Otro ejemplo clásico es limitar el acceso a ocupaciones lucrativas, como hacían los gremios medievales o los sistemas modernos de certificación estatal. El caso de las licencias de taxi es un ejemplo frecuente: cuando las licencias limitan la oferta (más que garantizar la calidad), impiden la competencia y convierten el pago del usuario en una transferencia forzada hacia los propietarios del negocio.
El concepto también aplica a la corrupción burocrática, cuando funcionarios solicitan o aceptan sobornos (“rentas”) a cambio de otorgar beneficios legítimos o ilegítimos. Por ejemplo, funcionarios de impuestos que aceptan coimas para reducir la carga tributaria.
La captura regulatoria es un fenómeno relacionado, donde empresas y agencias estatales reguladoras coluden, lo que habilita la búsqueda de rentas a gran escala. Estudios sobre este tema muestran que los esfuerzos suelen centrarse en obtener privilegios monopólicos como aranceles, cuotas, subsidios o extensiones de derechos de autor.
La economista Anne Krueger demostró que el costo en bienestar de las restricciones cuantitativas (como licencias de importación) equivale al de sus aranceles equivalentes más el valor de las rentas generadas.
Economistas como Adair Turner (exjefe de la Autoridad de Servicios Financieros del Reino Unido) han argumentado que gran parte de la innovación financiera es, en realidad, una forma de búsqueda de rentas.
El fenómeno de la búsqueda de rentas asociado a monopolios fue identificado formalmente por Gordon Tullock en 1967. Estudios recientes muestran que los incentivos para que los políticos promuevan rentas dependen de las instituciones: los funcionarios electos en democracias estables y de altos ingresos son menos propensos a hacerlo que burócratas atrincherados o dirigentes en democracias jóvenes e inestables.
Algunos críticos sostienen que en la práctica es difícil distinguir entre la búsqueda de beneficios legítima y la búsqueda de rentas perjudicial. Otros diferencian entre rentas obtenidas legalmente mediante poder político y los ingresos delictivos (fraude, robo, malversación).
Según esta visión:
Los altos beneficios del narcotráfico ilegal son considerados rentas en este sentido: no son beneficios legales ni ganancias de delitos comunes.
Quienes son acusados de buscar rentas suelen argumentar que están creando valor (por ejemplo, garantizando estándares o evitando fraudes), aunque en muchos casos esas afirmaciones son discutibles.
Desde un punto de vista teórico, el riesgo moral de la búsqueda de rentas es considerable. Si “comprar” un entorno regulatorio favorable cuesta menos que mejorar la producción, una empresa puede optar por lo primero, generando ingresos desvinculados de cualquier aporte a la riqueza total. Esto conduce a una mala asignación de recursos: dinero gastado en lobby y contralobby en lugar de investigación, desarrollo o capacitación, lo que frena el crecimiento económico. Por eso, las acusaciones de búsqueda de rentas suelen ir acompañadas de denuncias de corrupción o influencia indebida de intereses especiales.
La búsqueda de rentas puede ser muy costosa para el crecimiento económico. A medida que la actividad rentista se expande, genera más incentivos para seguir rentando en vez de producir, reduciendo la innovación y el crecimiento. La búsqueda de rentas por parte del Estado es especialmente dañina, ya que la innovación es el motor del progreso económico.
Funcionarios públicos también pueden iniciarla: exigir sobornos o favores a cambio de privilegios económicos especiales. Esto eleva el costo de los bienes públicos y reduce los ingresos fiscales.
El economista Mancur Olson, en The Rise and Decline of Nations, sostuvo que cuando un país es dominado por grupos de interés organizados, pierde dinamismo y entra en declive. Sin embargo, el colapso de un régimen puede permitir reiniciar el sistema, eliminando las viejas redes de rentistas (como ocurrió en Japón tras la Segunda Guerra Mundial). Con el tiempo, surgen nuevos grupos que vuelven a concentrar poder y riqueza.
Un estudio de Laband y Sophocleus (1988) estimó que la búsqueda de rentas redujo los ingresos totales de EE. UU. en un 45 %. Otros autores como Dougan y Tullock señalan la dificultad de medir el costo total: los buscadores de rentas gastan tanto como el valor de los beneficios que esperan obtener (por ejemplo, subsidios o exenciones fiscales). En ese sentido, el costo total de la búsqueda de rentas equivale a la suma de los ingresos actuales más el déficit neto del sector público.
Mark Gradstein estudió la búsqueda de rentas en la provisión de bienes públicos, analizando si es más ineficiente la provisión privada con free-riding o la pública con incentivos rentistas.
Finalmente, Joseph Stiglitz ha argumentado que la búsqueda de rentas contribuye significativamente a la desigualdad de ingresos en EE. UU., ya que los ricos usan el lobby para obtener ingresos no por crear riqueza, sino por apropiarse de una porción mayor de la existente. Piketty, Saez y Stantcheva también han mostrado que gran parte de la desigualdad moderna proviene precisamente de conductas rentistas entre los contribuyentes más ricos.